Quiénes somos
Somos seis familias propietarias de viviendas situadas en San Pedro de Benquerencia (Barreiros) construidas hace casi veinte años con las correspondientes licencias urbanísticas concedidas por el propio Ayuntamiento.
Compramos nuestros terrenos ya con las licencias concedidas, construimos nuestras viviendas y actuamos siempre confiando en la legalidad de los actos de la Administración.
Nunca promovimos construcciones clandestinas ni al margen de la normativa.
Hoy nos enfrentamos a la demolición de nuestras viviendas como consecuencia de decisiones administrativas y urbanísticas ajenas por completo a nuestra voluntad.
Nuestro único objetivo es evitar un perjuicio que consideramos injusto, tanto para nuestras familias como para el conjunto de los vecinos de Barreiros.
Cómo se llegó hasta aquí
El origen del problema se remonta a la concesión de una licencia urbanística que posteriormente fue anulada como consecuencia de la situación del planeamiento municipal.
Desde entonces se han sucedido numerosos procedimientos judiciales y resoluciones relacionadas con la ejecución de las sentencias.
Durante todos estos años distintos gobiernos municipales anunciaron la elaboración de un nuevo PXOM, instrumento que permitiría adaptar el planeamiento a la normativa vigente y abrir la única vía jurídica capaz de hacer posible la legalización de nuestras viviendas.
Sin embargo, más de veinte años después, ese planeamiento sigue sin alcanzar siquiera la aprobación inicial, mientras la ejecución de las sentencias continúa avanzando hasta desembocar en la demolición.
Qué dicen las resoluciones citadas
La sentencia del TSXG de 30 de abril de 2014 rechazó suspender la ejecución porque en aquel momento el nuevo planeamiento era solo una hipótesis.
El auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo de 21 de abril de 2022 señaló que el Concello no disponía de planeamiento adaptado y que, después de más de diez años, no se había acometido actuación material alguna.
La sentencia del TSXG de 14 de marzo de 2024 recoge una alegación de la Letrada de la Xunta: solo con la aprobación de un nuevo instrumento de planeamiento y la obtención de las licencias de legalización podría plantearse un supuesto de imposibilidad legal de ejecutar la demolición.
Las resoluciones judiciales citadas mantienen una idea constante: mientras no exista un instrumento de planeamiento aprobado que permita la legalización, los tribunales consideran que deben ejecutarse las sentencias de demolición.
Distinguen además entre una mera intención de elaborar un plan y la aprobación inicial de un planeamiento con efectos jurídicos. Incluso la representación de la Xunta reconoce que, de aprobarse un nuevo instrumento de planeamiento y obtenerse las correspondientes licencias de legalización, podría plantearse un supuesto de imposibilidad legal de ejecutar la demolición.
En consecuencia, las resoluciones no afirman que las viviendas sean definitivamente ilegalizables, sino que, sin un planeamiento adecuado, no existe actualmente una vía jurídica para impedir la ejecución.
La vía que defendemos
Pedimos que el Concello dé prioridad absoluta a la fase actual del PXOM y alcance cuanto antes su aprobación inicial.
En mayo de 2026 se contrató la adaptación de la nomenclatura del plan a un cambio normativo, con una previsión de dos meses. Después quedarían los informes municipales previos a su paso por el Pleno.
La aprobación inicial no equivale a una legalización automática ni permite asegurar el resultado. Su relevancia es que convertiría el plan en una realidad susceptible de ser trasladada al Juzgado para que valore sus efectos.
Desde el primer momento hemos perseguido una única solución: culminar la tramitación del PXOM y alcanzar su aprobación inicial lo antes posible.
No pedimos un trato de favor ni el incumplimiento de las resoluciones judiciales. Defendemos utilizar el único mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico que podría permitir al Juzgado valorar una nueva situación urbanística antes de la demolición.
Por ello entendemos que todos los esfuerzos institucionales deberían centrarse en finalizar el PXOM.
La indemnización no es el objetivo
La legislación reconoce que, en caso de demolición, podremos reclamar la correspondiente responsabilidad patrimonial. Sin embargo, esa nunca ha sido nuestra finalidad.
Nuestro objetivo siempre ha sido conservar nuestras viviendas dentro de la legalidad. .
Ninguna indemnización sustituye el hogar de una familia ni el proyecto de vida construido durante años. Además, supondría un importante coste económico para el Ayuntamiento y para todos los vecinos de Barreiros.
Una posición independiente
Nuestra posición no responde a intereses políticos ni partidistas.
A lo largo de más de veinte años han gobernado distintas corporaciones municipales y entendemos que todas tienen alguna responsabilidad en que esta situación no se haya resuelto.
No buscamos culpables por sus siglas, sino una gestión responsable, transparente y eficaz.
Queremos que los ciudadanos conozcan los hechos y la documentación para que puedan formarse su propia opinión.